Cuando Theodore Roosevelt señalaba que la justicia implica encontrar el bien y sostenerlo allí donde aparece, proponía una idea que excede lo jurídico y se acerca al individuo. Esa intuición permite evitar la idea de una justicia como un territorio ajeno, para asumirla como una práctica que nace del modo en que elegimos convivir con otros en una sociedad.

Aunque las primeras comunidades no contaban con tribunales ni códigos formales, sí establecían acuerdos implícitos que ordenaban la vida en común. En ese entramado inicial, la justicia surgió como una forma de equilibrio, una construcción colectiva destinada a evitar el daño y sostener la armonía. Con el tiempo, esas reglas se institucionalizaron, aunque su raíz permanece ligada a la vida cotidiana.

Esa conexión, sin embargo, parece haberse debilitado. “Muchas veces la justicia es costosa, y por lo tanto mucha gente no puede acceder a ella como debiera. Pero además hay una sensación generalizada de que no ofrece soluciones, y eso desmoraliza a la gente para acudir a pedir su ayuda”, sostiene Félix Lonigro, abogado especialista en Derecho Constitucional. 

La percepción de distancia no sólo responde a barreras concretas; también se relaciona con una experiencia emocional que instala a la justicia en un lugar poco cercano para la mayoría de las personas.

Distintos estudios respaldan esta mirada. Tom Tyler, psicólogo social de la Universidad de Yale, demostró en una de sus últimas investigaciones que “alrededor del 70% de las personas evalúa la legitimidad de la justicia en función del trato recibido y la posibilidad de ser escuchado, más que por el resultado final del proceso”. Esa percepción subjetiva relativiza los fallos, mientras define el vínculo entre ciudadanía e instituciones.

En América Latina, investigaciones del Latinobarómetro señalaron que menos del 30% de la población confía plenamente en el sistema judicial, una cifra que evidencia la brecha entre la institución y la experiencia social. Esa distancia contribuye a consolidar la idea de que la justicia pertenece a un plano inaccesible.

Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ex-presidente de Transparency International, aporta una clave para comprender ese fenómeno: “La función del poder judicial es resolver conflictos, por lo tanto la gente recurre a la justicia en situaciones excepcionales”. Esa excepcionalidad refuerza la percepción de lejanía, ya que muchas personas atraviesan su vida sin interactuar directamente con el sistema.

Pensar la justicia como un espejo de la vida común permite recuperar su dimensión más cercana. Cada norma expresa un acuerdo social, cada derecho refleja un valor compartido. Desde esa perspectiva, la justicia deja de ser un espacio reservado para especialistas y se convierte en una manifestación de cómo una sociedad decide vivir consigo misma.

Acercarse a ella implica reconocer que nuestras acciones tienen impacto y que la convivencia requiere reglas que nos incluyan a todos. “Cuando la justicia responde aparece la sensación de que el Estado está para el fin para el que fue creado: el bien común”, destaca Lonigro. En ese punto, la justicia deja de ser una amenaza y recupera su sentido de sostén.

Mirarla de este modo abre una posibilidad distinta, más consciente y participativa. Una forma de entender que la justicia no está sólo en los tribunales. También habita en cada decisión cotidiana que construye, poco a poco, la vida de todos.

Del miedo al compromiso

La idea de justicia desde el punto de vista institucional suele despertar en muchas ocasiones una reacción casi instintiva de rechazo. En el imaginario cotidiano aparece asociada a conflictos, pérdidas y tensiones que nadie desea atravesar. Esa percepción no es casual, se construyó a lo largo del tiempo y se consolidó en hábitos culturales que invitan a tomar distancia antes que a involucrarse.

“Durante muchos años la lucha por la justicia no fue un tema convocante, quedó desvinculada del día a día y se naturalizaron situaciones como la corrupción, lo que genera una forma silenciosa de alejamiento, una aceptación pasiva que debilita el vínculo entre ciudadanía y justicia”, explica Aura Ríos Flores, licenciada en Psicología y fundadora del espacio Equipo Republicano, una organización civil que defiende la justicia independiente.

Según explica, las barreras no son sólo institucionales, también son emocionales. Para ella, se instaló en el imaginario una frase que condiciona conductas, el “no te metás”, una idea que, según indica, “terminó por condicionar a muchas personas a no denunciar ni involucrarse en temas vinculados a la justicia”. Ese mandato cultural construye distancia incluso cuando la realidad exige participación.

La investigación académica aporta otra dimensión a este fenómeno. Un estudio del World Justice Project, organización internacional dedicada al análisis del Estado de Derecho, mostró que más del 55% de las personas evita iniciar acciones legales aún cuando considera que sus derechos fueron vulnerados, principalmente por desconfianza, temor o percepción de ineficacia del sistema. Ese dato revela que el miedo no siempre proviene del conflicto en sí, sino también de la idea de que no habrá respuesta.

Sin embargo, esa mirada reduce la justicia a su aspecto más crítico y deja de lado su potencial transformador. Ferreira Rubio, asegura que “cuando los ciudadanos se interesan por la calidad institucional, la mayor demanda social puede generar reacciones positivas por parte de quienes toman decisiones”. En esa afirmación aparece un cambio de perspectiva, una justicia que además de ser respuesta a un problema, deviene en un espacio que puede mejorar a partir de la participación.

Accesibilidad y cercanía espiritual

La percepción de la justicia como una estructura lejana suele apoyarse en símbolos concretos, edificios imponentes, lenguajes técnicos, procedimientos difíciles de descifrar. Esa imagen construye una idea de inaccesibilidad que aleja a las personas incluso antes de intentar comprenderla. Sin embargo, esa distancia no define su esencia.

Ferreira Rubio advierte que “la falta de apertura de las estructuras judiciales y el mantenimiento de un lenguaje críptico son aspectos que la justicia debería corregir para acercarse a la sociedad y mostrarse como un poder público al servicio de los ciudadanos”. En esa observación aparece un punto clave: la cercanía no depende sólo de la voluntad individual, sino también de la capacidad del sistema de volverse comprensible.

Aun así, reducir la accesibilidad a una cuestión técnica deja fuera una dimensión más profunda. La justicia comienza a volverse cercana cuando se la reconoce en la vida diaria, en gestos simples que no requieren intermediarios. Escuchar con atención, respetar acuerdos, reconocer errores, actuar con honestidad. Porque es en ese terreno cotidiano que deja de ser algo abstracto y se convierte en una práctica.

Desde la psicología social, distintos estudios han explorado la relación entre valores individuales y conducta colectiva. Investigaciones lideradas por Jonathan Haidt, psicólogo moral de la Universidad de Nueva York, señalaron que “las sociedades con mayor internalización de valores de equidad y reciprocidad presentan niveles más altos de cooperación y menor tolerancia a conductas injustas”. Esa evidencia sugiere que la justicia no se impone únicamente desde normas externas; también se cultiva como una disposición interna.

Esa dimensión espiritual no se refiere a creencias específicas, sino a una forma de conciencia. Implica reconocer al otro como un igual, comprender que cada acción tiene impacto y asumir que la convivencia requiere algo más que reglas formales. En ese sentido, la justicia se transforma en una guía silenciosa que orienta decisiones incluso en ausencia de conflicto. El doctor Lonigro aporta una mirada complementaria al señalar que “sentirse protegidos no pasa por quién la administra, sino por la agilidad con la que se hace justicia”. Esa idea, enfocada en el funcionamiento institucional, dialoga con la experiencia personal: cuando las respuestas son claras y oportunas, la percepción de cercanía crece.

La accesibilidad, entonces, no se limita a ingresar a un sistema. También implica poder reconocerse en él. Cuando la justicia deja de ser un lenguaje ajeno y empieza a expresarse en acciones cotidianas, se vuelve parte de la identidad social. En ese proceso, cada persona participa, incluso sin advertirlo, en la construcción de un entorno más equilibrado.

Esa cercanía transforma la mirada. La justicia deja de percibirse como una estructura elevada e inalcanzable y adquiere una dimensión humana, posible y presente. Desde allí, puede comprenderse no como una obligación externa, sino como un valor que acompaña la forma en que elegimos estar en el mundo. 

Participar para crecer como ciudadanos

Involucrarse en la justicia no es un gesto extraordinario reservado para especialistas o momentos de crisis. Es una forma de existir en la vida en comunidad con mayor conciencia. Esa participación adopta múltiples formas, desde el interés por comprender cómo funcionan las instituciones hasta decisiones cotidianas que reflejan un compromiso con lo colectivo.

“La principal forma de participación ciudadana es el interés en la cosa pública —advierte Lonigro—. El interés por estar informado y educado cívicamente, y luego el sufragio consciente”. En esa secuencia se revela una construcción progresiva: la participación comienza en la información, se fortalece en la reflexión y se concreta en acciones que impactan en la vida común. También señala que “a la gente suele molestarle ir a votar. Eso es dramático, porque refleja una desconexión que debilita el entramado democrático”.

Por su parte, Ríos Flores retoma el valor de la acción colectiva al describir el trabajo sostenido de organizaciones civiles que buscan incidir en el sistema judicial. Explica que se trata de “un grupo de ciudadanos apartidarios que decide dónde estar y qué reclamar en función de aquello que considera justo”, una práctica que devuelve protagonismo a la sociedad en temas que durante mucho tiempo parecieron ajenos. Esa presencia activa rompe con la inercia de la indiferencia y transforma la distancia en involucramiento concreto.

La evidencia internacional refuerza la importancia de ese compromiso. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos indicó que en los países donde la ciudadanía participa activamente en procesos institucionales, ya sea a través del voto, el control social o la colaboración con organizaciones civiles, los niveles de confianza pública pueden incrementarse hasta un 20%. El equipo liderado por Janos Bertok, especialista en gobernanza pública de la OCDE, señala que “la participación informada actúa como un puente entre las instituciones y la sociedad, fortaleciendo la legitimidad y la eficacia del sistema”. 

Ferreira Rubio suma una dimensión complementaria al considerar que “la demanda de transparencia, integridad y rendición de cuentas son incentivos claves en la lucha contra la corrupción”. Esa exigencia ciudadana no sólo interpela al sistema, también construye una cultura donde la justicia deja de ser un ámbito distante y se integra a la vida pública como un valor compartido.

Pasar del temor al compromiso implica una transformación interna. Dejar de ver la justicia como un lugar al que se llega sólo en situaciones límite permite reconocerla como un ámbito de cuidado colectivo. Involucrarse no significa buscar conflicto, sino aceptar que formar parte de una comunidad conlleva una responsabilidad.

Desde esa mirada, estar cerca de la justicia es también estarlo de la posibilidad de reparar, ordenar y sanar vínculos que se tensan en la vida social. La distancia protege en apariencia, aunque a largo plazo debilita el entramado común. En contraposición, la participación abre caminos, incluso en contextos complejos.

Cambiar el enfoque requiere un movimiento consciente, una decisión de abandonar la comodidad de la indiferencia. En ese gesto, la justicia deja de ser una amenaza y comienza a percibirse como una herramienta que pertenece a todos, de tal modo que cuando se ejerce tiene la capacidad de transformar las instituciones y la forma en que elegimos convivir.

Participar, entonces, no se agota en cumplir con un deber cívico. Se trata de una oportunidad de crecimiento interior, una forma de alinear las propias acciones con principios que trascienden lo individual. Cada gesto de compromiso fortalece el tejido social y, al mismo tiempo, transforma la percepción personal. Es entonces que la justicia se convierte en una dimensión viva de la ciudadanía, una práctica que se construye día a día y que, al ser compartida, eleva la calidad de la vida en común.