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17 diciembre, 2021 | Por

Germán Garavano: “Transformar la justicia es un trabajo de todos”

Una charla con el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos para crear conversación sobre uno de los temas fundamentales a la hora de construir una sociedad mejor: la necesidad de lograr la transformación de nuestro sistema judicial.


Germán Garavano dio sus primeros pasos en Tribunales y desde entonces se especializó en procesos de transformación.  

Por María Eugenia Sidoti

Durante las últimas semanas la palabra justicia fue titular de todos los portales de noticias. La causa Hotesur, la reforma del Consejo de la Magistratura, las causas del narcotráfico. “¡Justicia!”, es el grito de quienes se sienten desprotegidos ante el avance de la corrupción y el delito, desde los familiares de los muertos por gatillo fácil, hasta los que, por la mala gestión del gobierno en la compra y reparto de vacunas, murieron durante la pandemia de covid . El descontento se palpa en la calle y en la charla cotidiana aparece esa gran grieta que es madre de todas las grietas: la sensación de que, en materia judicial, tenemos varias deudas pendientes. 

El doctor Germán Garavano, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se muestra preocupado y alerta frente a esa realidad. Pero celebra que hablar del tema motive nuevas conversaciones dentro y fuera del ámbito judicial, lejos de cualquier bandera política. Es un mundo que conoce bien: comenzó como meritorio en Tribunales cuando terminó el colegio secundario, pero al tiempo decidió estudiar Derecho y desde entonces, dice, buscó transformar aquello que no le cerraba. “Pasaban cosas increíbles, muchas veces parecía que todo funcionaba al revés”, recuerda. 

Como ministro, dando la bienvenida al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Foto: Flickr.

Germán Garavano es abogado. Ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, ex Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, ex miembro del Consejo de la Magistratura, Juez y consultor en materia de Derecho. Fue miembro de la Mesa del Diálogo Argentino junto a Rafael Bielsa, Elena Highton y Antonio Petracchi. Forma parte de la ONG Unidos por la Justicia. 

–Si la justicia no funciona, ¿cómo hacer para que todo lo demás funcione?

–Coincido con ese enfoque y creo que es clave no solo en el ámbito penal, sino también en casos civiles, comerciales, laborales. Si realmente no hay un sistema de justicia que resuelva el Derecho, el imperio de la ley, como decía Nino (N. de la R.: Carlos Santiago Nino, filósofo y jurista argentino), y la justicia no envía ese mensaje, el país tiene un problema no solo en términos de impunidad, que es muy grave, sino también en términos de crecimiento, de inversiones y de desarrollo. Los países que más se han desarrollado, que uno mira con gran admiración, son aquellos donde más se respetan los derechos y las garantías, porque han logrado consolidar sistemas de justicia confiables, que aplican la ley. 

–¿Por qué eso no ocurre en nuestro país? ¿Cuál es nuestra dificultad? 

–Hay varias capas para analizar. La primera, es que la justicia argentina, en todos sus fueros, tiene un déficit muy grande en términos de gestión y tiempos de los procesos. Y salvo algunas excepciones, en su capacidad de dar respuesta a la gente. Esos procesos de mejora fueron incluidos en nuestro proyecto Justicia 2020, que antes trabajamos junto a ONGs como Fores o Unidos por la Justicia. La segunda capa que subyace es la politización. En algunos puntos —yo creo que por suerte todavía pocos en la Argentina, en otros países es mayor— esto también se solapa con nuestros altos niveles de corrupción. Entonces, tenés jueces que a veces por cuestiones políticas o por cuestiones económicas se apartan de la aplicación de la ley, aunque por suerte son los menos. 

–¿Qué es lo más urgente hoy?

–Argentina tiene temas irresueltos que son centrales y en los que, aunque hay consenso, no se avanza. En materia de justicia, para mí los temas más urgentes son el nuevo Código Penal, el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, avanzar con el sistema acusatorio hacia el resto del país, el Código Procesal Civil y Comercial también es central.

El trabajo por delante

Durante su gestión, entre 2015 y 2019, Garavano y su equipo convocaron a un trabajo colectivo para modernizar y transparentar el sistema judicial al que bautizaron Justicia 2020, abriendo un espacio de diálogo institucional y ciudadano para —según explicaron en aquel momento— construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente. “En el fondo, el trabajo estaba inspirado en los 17 puntos acordados en la Mesa del Diálogo Argentino. Fue un esquema participativo: durante tres años logramos que casi 70 mil personas, en distintos equipos, hicieran sus aportes. Para mí, esa era la única forma de lograr procesos de transformación en la justicia duraderos y sostenibles”.

Pero, a pesar de que algunos de los puntos siguieron adelante, hoy ni siquiera aparece mencionado en la página oficial del ministerio. “Es una pena, pero esas son las cosas que nos pasan. El proyecto tuvo impacto en todo el país, sobre todo entre los abogados jóvenes, y la verdad es que funcionó muy bien y lo sigue haciendo, ya sin el apoyo del gobierno nacional, es cierto, pero lo positivo es que continúa”, destaca el ex ministro.

–¿Cuáles son los aportes a destacar?

–El aumento del uso de tobilleras electrónicas, la capacitación de abogados y jueces, los procesos civiles y penales, el acompañamiento a las víctimas, los registros de propiedad. Era una mirada muy transversal y muy integral, a largo plazo, porque terminamos nuestra gestión con el proyecto Justicia 2030. Si fuera un país que continúa con estas cosas tendríamos que pensar a diez años, como mínimo, porque los procesos de cambio en materia de justicia son largos y hay que sostenerlos. 

–Duele que al cambiar un gobierno, del partido que sea, no se le de continuidad a las cosas que sí funcionan. 

–Y sí, por un lado la tristeza de que el nuevo gobierno dejó sin efecto el programa, y lamentablemente en algunas cosas avanzó en sentido contrario, por ejemplo en materia de políticas carcelarias, con esa suelta masiva de presos con la excusa de la pandemia. Pero también está la alegría de saber que hay otras cuestiones que siguieron solas sin necesidad del apoyo del gobierno. Y otras que no solo siguen en Argentina, sino que han sido reconocidas internacionalmente, como todo el tema de acceso a justicia. 

–La pregunta es obligada: con los altos niveles de pobreza y marginalidad que tenemos, resulta difícil pensar en un acceso universal a la justicia.

Tal cual. Por eso los centros de acceso fueron reconocidos como una experiencia exitosa. Nosotros trabajamos con la ministra de Cooperación de los Países Bajos, de Holanda, y la Procuradora de Sierra Leona, en un proceso que fue apoyado por muchas universidades y ONGs del mundo. Ese proceso sigue con la buena práctica de crear centros para que todos puedan acceder a la justicia, especialmente los sectores más vulnerables, que son los que históricamente quedan afuera.  

“Los países que más se han desarrollado, que uno mira con gran admiración, son aquellos donde más se respetan los derechos y las garantías, porque han logrado consolidar sistemas de justicia confiables, que aplican la ley”.

–Recientemente fuiste parte de un encuentro convocado por la Unión Europea sobre el crecimiento de las organizaciones delictivas en América Latina. ¿Cómo fue esa experiencia?

–Sí, me invitaron porque les preocupa que muchos de los programas que veníamos implementando en la Argentina quedaron discontinuados o siguen adelante con una mala continuidad. Eso generó signos de alerta y, lamentablemente, se dio mayormente con la situación del caso argentino, no tanto con el de otros países. 

–¿Qué es lo que más preocupa internacionalmente?

–La criminalidad organizada. Y cómo desde las cárceles se dirigen organizaciones delictivas. Si eso no se corta a tiempo, será una enfermedad que terminará socavando todo, porque son organizaciones muy poderosas que pueden corromper a funcionarios, policías, magistrados, políticos.

–¿Por qué da la sensación de que estamos llegando tarde?

–Porque esto estaba muy mal, se logró contenerlo y hacerlo retroceder en distintos aspectos. Si uno analiza la situación, se consiguieron avances en esos cuatro años en materia de homicidios y del rol de las fuerzas de seguridad. Pero si uno no continúa con esas políticas, el crimen se reorganiza rápidamente y, cada vez que el Estado se corre, avanza, porque está agazapado y siempre listo para actuar. 

–¿Hay intencionalidad o desidia?

–Yo no digo que haya mala fe, pero sí que llevan dos años sin prestarle atención a un tema tan crítico como el narcotráfico. Entonces se perdió lo que se había logrado y, lo que es peor, todavía lo empujan cada vez más. Eso es de lo que a veces no se toma conciencia en algunos sectores políticos. Para bien o para mal, con detractores como Lilita Carrió, de todas las soluciones técnicas que propusimos ninguna fue jamás cuestionada. Hicimos un nuevo Código Penal que sigue en el Congreso, un Código Procesal Civil y Comercial para fomentar la oralidad que tampoco vence… 

–La oralidad ha sido un tema importante para tu gestión. 

–Claro, porque si uno focaliza solo en el tema penal se olvida que la mayor parte de los ciudadanos no concurre a la justicia por temas penales, sino por temas civiles, de familia, comerciales. Por eso, ese es el gran tema de acceso a justicia y donde la justicia muchas veces es muy lenta. 

–¿De cuánto son las demoras y qué significa el cambio a oralidad para que podamos entenderlo quienes no somos parte del sistema judicial?

Difiere mucho según las jurisdicciones, pero registramos demoras de entre 5 y hasta 10 años para un proceso civil común. La experiencia de oralidad demostró que algunos casos se pueden resolver en meses. Hay algunos procesos civiles que si las gente los viera se agarraría la cabeza, porque se sigue con un ritual medieval donde uno siempre tiene que negar todo, incluso cosas que son verdad. Pero, aunque parezca mentira, no está sancionada la mentira en el proceso, un proyecto de ley que enviamos al Congreso. 

–Es fuerte la idea de que para hacer justicia haya que legitimar la mentira…

–La verdad es que, culturalmente, es muy importante la idea de que uno no debería mentirle a un juez. En parte, las audiencias orales, además de agilizar los procesos, sirven para eso: al estar el juez presente y mirarlo a la cara, ya no es tan fácil hacerlo. Además, ese ida y vuelta de negar y negar hace perder una cantidad de tiempo y de recursos ridículos. El sistema acusatorio, que es la reforma del sistema penal que impulsamos y funciona en Salta y Jujuy en procesos muy exitosos, logró reducir procesos de años a meses o semanas con audiencias orales, automáticas. Habíamos previsto extenderlo a la Cámara Federal de Rosario para hacer frente al narcotráfico con mejores herramientas y los jueces estaban fascinados, pero este gobierno lo frenó. 

Una de las tantas marchas que se convocan en nuestro país exigiendo  una mejora del sistema judicial. 

–¿Qué implica la connivencia del poder político con el judicial?

–En Venezuela, Hugo Chávez adoptó una reforma tecnocrática de la justicia financiada por el Banco Mundial y en ese proceso logró introducir toda una serie de cambios so pretexto de que se iba a modernizar y a transparentar el sistema. Entre esos cambios, les saca estabilidad a los jueces, demora las designaciones, usa a los jueces interinos y así moldea una justicia a su medida. Lo mismo hizo antes Alberto Fujimori en Perú. Y acá el kirchnerismo lo intentó con el proyecto de modernización de la justicia. Los ideales eran buenos y en muchas cosas no se podía no estar de acuerdo, pero cuando ibas a la letra chica de los proyectos, encontrabas una herramienta para cooptar, de algún modo, sectores de la justicia. Aquellos que gustan del poder y no solo del propio sino de avanzar siempre más allá, tienen la tentación de lograr una justicia afín. Los Kirchner lo hicieron en Santa Cruz. En la ONG Unidos por la Justicia hicimos un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura, que con 20 miembros era muy lento, y Cristina tomó sin duda algo de eso, pero lo modificó para lograr ciertas mayorías. Esa es hoy la ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, que perdió el equilibrio entre los tres sectores y por eso esta semana la Corte la declaró inconstitucional. Insisto: siempre es preferible resignar modernidad y transformación para no poner en riesgo la independencia y la autonomía de los jueces. 

–Los jueces tienen una enorme responsabilidad y la ciudadanía no siempre siente que ese poder se traduzca en una imagen de la justicia con los ojos vendados, con la balanza en las manos…   

–Comparto, pero creo que no es solo un tema de los jueces: necesitamos una sociedad civil y un empresariado más involucrado en ese proceso. Hay muchas ONGs: Unidos por la Justicia, con la que colaboro, Fores, ACIJ, INECIP, que está más ligada al gobierno, y la verdad es que ninguna ha concitado el interés de los sectores que, en teoría, deberían preocuparse por lo que está pasando. Son organizaciones pobres, que trabajan con el esfuerzo de sus propios miembros, todo a pulmón, a diferencia de lo que sucede en países como Estados Unidos, o incluso algunos de la región, como Chile, donde la fundación Paz Ciudadana es muy poderosa y está apoyada por empresas y medios de comunicación en los que marca agenda en materia de justicia. Acá eso no existe.

–¿Qué deberíamos hacer para involucrarnos más en este tema, cómo se empieza? 

–Necesitamos generar espacios donde intercambiar opiniones y empezar a discutir estas cosas, comprometer a la gente joven, a los estudiantes. Es fundamental, y yo personalmente estoy trabajando en eso, que a una parte de la sociedad le importe cómo mejorar la justicia. 

–¿Cómo contribuir a saldar la grieta judicial? 

–Hubo una iniciativa interesante que fue ir fuero por fuero dando premios a los mejores jueces. En el ministerio también pusimos en marcha el Premio Nacional a la Calidad Judicial de aquellos juzgados, fiscalías y oficinas que certificaban calidad y obtenían transformaciones. Lo ideal es trabajar más desde los incentivos que desde la condena, porque de otro modo se generan abroquelamientos corporativos y otras respuestas negativas. Creo que la mejor manera es mostrar con el ejemplo que uno quiere avanzar, eso motiva a jueces, fiscales, abogados y a todos los actores a que se sientan parte de esos procesos, porque si se oponen es muy difícil avanzar.

–¿Hay muchos jueces presos? A veces da la impresión de que, aunque se equivoquen, no pagan igual que el resto de la sociedad.

–Hay algunos. En nuestra gestión tuvimos al menos dos, se les aceptaron las renuncias para que fueran detenidos. Y hubo jueces removidos por juicio político o que renunciaron y el nuevo gobierno intentó reintroducirlos. Lo mejor para la gente sería tratar de reconstruir hacia el futuro, no fomentar la caza de brujas. Obviamente los jueces que no pueden seguir siéndolo no deberían seguir, lo mismo los fiscales. Pero si uno siempre termina diciendo “tienen que ir todos presos”, a veces se cae en lugares comunes de difícil realización y se pierde energía, se va para atrás. Por el país, necesitamos que el sistema de justicia progrese y la mejor forma de hacerlo es desde adentro. Ahí es muy importante el rol que va a jugar la Corte, con sus cuatro miembros y un nuevo presidente. Es esperanzador, en términos de institucionalidad, que los avances que se han querido hacer sobre la Procuración y sobre la Corte no hayan prosperado, porque eso genera la estabilidad que se necesita para construir. Argentina tiene que salir de los círculos que la encierran y no la llevan a ningún lado. 

–¿Cuál es tu postura sobre la situación penal juvenil?

Trabajé muchos años en un juzgado de menores, donde fui secretario, y la verdad es que nuestro proyecto de reducir la imputabilidad a 15 años se basa en que las estadísticas marcan que de los 14 a los 15 había un salto enorme a la hora de cometer delitos graves, como homicidios, robos con armas, violaciones, en los que los chicos de 14 casi no intervienen. Dicho eso, bien se pueden mantener los 16 años, pero nuestro proyecto proponía instalar un sistema de justicia especializada, con un abordaje multidisciplinario inspirado en las normas de la Comunidad Europea, pero adaptada a nuestra realidad, donde trabajaron expertos como Ricardo Gil Lavedra y gente que propuso UNICEF. Salió un proyecto extraordinario y, en cambio, todavía tenemos una ley de la dictadura militar que no dice nada, que no permite seguimientos y que está en contradicción con la ley de minoridad. No hubo avances. El debate sigue y, para mí, el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil es parte del Código Penal y no debería vencer, aunque la interpretación de las áreas administrativas de la Cámara de Diputados es que hay que presentarla de nuevo. 

–En la causas grandes, como la que hoy atraviesa la vicepresidenta, ¿se podrían separar los hechos y facilitar una condena efectiva?

–Esos problemas se solucionarían con un sistema acusatorio, porque lo que permite es que el Ministerio Público, los fiscales, tengan mucha más flexibilidad, que es lo que pasa en países como Estados Unidos. Ese cambio les otorgaría a los fiscales herramientas para trabajar en equipo, reorganizar y separar o unir los casos, con un juez que controle que ese fiscal no se exceda y respete los derechos de todos, para que nada se haga en contra del imputado. Esa es la forma en que debería funcionar el sistema, por algo es así en todo el mundo. La investigación no debe ser llevada a cabo por el juez, lo que tiene que hacer el juez es evaluar la investigación que hacen los fiscales y escuchar a las defensas, sea quien sea: Cristina Fernández, Diego Maradona, Mauricio Macri, no importa. Es muy difícil que un juez pueda mantener el equilibrio y la independencia siendo él quien investiga. Lamentablemente, el gobierno no ha avanzado en ese sentido y eso está mal, hay muchas dosis de hipocresía en todo esto.

“Necesitamos generar espacios donde intercambiar opiniones y empezar a discutir estas cosas, comprometer a la gente joven, a los estudiantes. Es fundamental, y yo personalmente estoy trabajando en eso, que a una parte de la sociedad le importe cómo mejorar la justicia”. 

–El debate es moral y ético. 

–Sí, claramente, es un tema de doble moral. De todos modos, yo creo más en los sistemas que en las personas: uno le puede pedir a las personas que tengan valores y que los cumplan, algunos los tendrán y otros no. Pero no podemos confiarnos de eso, por más que hayamos trabajado en un código de ética, porque el sistema es el que nos permite evitar excesos o desvíos. Si uno tiene sistemas procesales y de gestión transparentes, y un poder dividido entre el juez y el fiscal, se vuelve cada vez más difícil hacer las cosas mal, ya no se pueden cometer tantos abusos.

–Madres de Plaza de Mayo, Madres del dolor, Madres contra el paco y tantas otras… ¿Qué rol han tenido las mujeres para la justicia?

–Las mujeres han tenido un rol central y, con esa fuerza de madres, de esposas, de abuelas han logrado cambiar muchas leyes, de hecho la ley de víctimas fue impulsada por mujeres. Todas han hecho un esfuerzo enorme y nos han ayudado a ordenar la gestión, a establecer prioridades, a empujar leyes. Han tenido mucho valor y la sociedad debería tomarlas como ejemplo. También nos interpelan a preguntarnos por qué no nos ocupamos hasta que algo nos pasa, porque si no hacemos nada, en algún momento nos va a tocar a todos; las mujeres han ayudado a construir la idea de que debemos trabajar antes. Cuando desde la Fiscalía General de Buenos Aires impulsamos el secuestro de autos de los conductores borrachos después de la tragedia del colegio Ecos, los dueños de restaurantes y bares vinieron a quejarse porque vendían menos alcohol, cuando la mayor causa de muerte en la ciudad son los accidentes de tránsito, muchos de ellos por conductores alcoholizados. Con el tiempo, el cambio cultural fue enorme. Entonces, me parece que todos nos debemos un análisis de conciencia y las mujeres han logrado que hoy estemos hablando de estos temas. Lo positivo es que ya hay más mujeres que hombres trabajando en la justicia, algo muy valioso porque tienen mucho para aportar y pueden sacarnos algunos vicios, aunque la deuda es que también ocupen los cargos relevantes, porque aún no se ha podido romper el techo de cristal. 

–Por último, ¿qué deberíamos llevarnos de esta charla?

–La idea de que, aunque la justicia esté llena de injusticias y de cosas que se hacen mal, transformarla es un trabajo de todos. Y que estas conversaciones, lejos de desalentarnos, nos deben motivar a ver que el cambio solo es posible si el trabajo es conjunto.

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