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7 febrero, 2014

Justicia abrió el debate a la penalización a los clientes de trata


La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, comandada por el entrerriano Pedro Guastavino (FPV-PJ) discutió el año pasado un proyecto para penar a los clientes de trata de personas. Durante el último período, los senadores de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presididos por Pedro Guastavino (FPV-PJ-Entre Ríos), dictaminaron un texto que establece penas para quienes utilicen o procuren servicios sexuales sabiendo que esa persona es víctima de la trata de personas con fines de explotación sexual. El dictamen unifica dos propuestas: una de autoría del oficialista Aníbal Fernández  y el otra de la senadora Graciela Di Perna (Fte. por la Integración-Chubut). La iniciativa fijalas siguientes penas: si la víctima fuese mayor de 18 años de edad, el cliente será reprimido con prisión de tres a seis años; en cambio, si la víctima fuese menor de 18 será castigado con cuatro a 10 años de arresto. Finalmente,  si la víctima de trata fuese menor de 13 el consumidor será recluido en prisión de 10 a 15 años. Durante el debate, la ex senadora Sonia Escudero (Fte. Peronista-Salta) se opuso a la medida por considerar que “si se terminan los prostíbulos y se penaliza al cliente se termina la trata de personas. Pero la penalización debe alcanzar no sólo al cliente de la trata sino también a quien consume los servicios de mujeres víctimas de explotación sexual. Por eso creemos que los proyectos que están en tratamiento se quedarán a mitad de camino si no se castiga a los clientes de ambos delitos: trata y explotación sexual”, denunció la salteña. La Comisión de Justicia también emitió dictamen favorable para una iniciativa que propone una pena de uno a cuatro años de prisión para quien ejerza el trabajo infantil. El proyecto establece la penalización para aquel “que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”. Asimismo la iniciativa se incorporaría como artículo 148 bis al Código Penal y señala que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, y que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta". En tanto, deja afuera de la prohibición aquellos contratos de menores de 16 años celebrados con anterioridad a la promulgación de la ley y se estipula como edad mínima los 15 años.   Área de Actualidad Fundación Directorio Legislativo www.directoriolegislativo.org @DireLegislativo

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